Migración en Centroamérica. 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y la República Dominicana suman entre sí alrededor de 57 iniciativas de regularización activa en sus jurisdicciones y, de estas, 24 benefician de manera explícita a personas en condición irregular, en tanto las otras las favorecen de forma leve al posibilitarles presentar documentos.

El Estudio Regional Programas y procesos de regularización migratoria (OIM, 2021) constató que el principal criterio utilizado para permitir la regularización migratoria es la existencia de vínculos familiares con residentes permanentes o naturales del país de acogida.

También existen programas que utilizan criterios de temporalidad de estancia en estos países, es decir, que posibilitan la regularización a personas que ingresaron o permanecieron en el territorio durante períodos prolongados, en fechas específicas, por permisos laborales o por nacionalidades elegidas.

No obstante, falta para garantizar la regularización de los millones de inmigrantes en la región. Esto se debe, en buena medida, a la persistencia de prejuicios entre ciertos sectores y a la proclividad a mantener políticas policiales contra los migrantes.

Para la OIM, la gestión eficaz de la migración en el área dependerá de superar estos obstáculos y de revertir otros factores, entre los cuales destacan:

1. Costos elevados de los trámites: Los programas de regularización suelen requerir el pago de un monto por el concepto del trámite y de multas por irregularidad. A ello se suman los gastos por representación legal, transporte a las oficinas encargadas y, en algunos casos, por traducción de algunos documentos.  

2. Complejidad de los procesos: No todos los países poseen información centralizada, accesible y disponible en varios idiomas. Por ello, existe confusión entre las personas migrantes sobre los trámites y requisitos.

3. Doble irregularidad para el migrante: Muchas veces se dictan amnistías de costos o multas durante los procesos de regularización, pero casi siempre son limitadas en el tiempo y no posibilitan renovaciones. Adicionalmente, la renovación se requiere con una periodicidad muy elevada y puede exigir documentos difíciles de conseguir o ser un trámite que sea realiza en menor cantidad de oficinas. De ahí que sea común que las personas vuelvan a caer en la irregularidad después de su regularización.

4. Regularización sin integración: Algunos procesos otorgan un documento de identidad legal, con el cual ya queda regularizado el migrante, pero impiden el acceso a servicios básicos o al mercado laboral. Así se reducen las contribuciones que pueden realizar las personas migrantes en los países receptores y, en buena medida, su libertad o tranquilidad para integrarse.  

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